Mérida, Yucatán, 30 de septiembre de 2020
Legisladores de diferentes fuerzas
políticas hicieron un llamado al Gobierno del Estado para revisar la política
del turismo en Yucatán, así como a la Auditoría Superior del Estado (ASEY) para
revisar el uso de recursos públicos de la Secretaría estatal en la materia.
En la sesión ordinaria de este
miércoles, el diputado del PRI, Warnel May Escobar, pidió en tribuna que la
ASEY investigue si el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Turismo,
no erogó recursos para la visita de “influencers” a diferentes lugares de
Yucatán, para darle seguimiento a este tema “que ha polarizado y enojado a la
sociedad yucateca”.
Lo anterior, al presentar una iniciativa
para modificar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del estado, para
crear el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, como un ente
descentralizado, que tuviera por objeto promover, impulsar y ejecutar programas
de promoción de los destinos turísticos del Estado, así como reemplazar a los
fideicomisos sectoriales.
En el mismo sentido, el diputado del
PRD, Alejandro Cuevas Mena, también se unió al llamado para que la ASEY, de
acuerdo a sus atribuciones, revise y audite de manera particular la mencionada
Secretaría, “porque no es solamente este caso donde se gastan millones de pesos
y luego dicen que fue gratis, tenemos aún denuncias de ciudadanos que compraron
su boleto para el Festival de la Trova y no se les devuelve el dinero”.
Al mismo tiempo, solicitó al Gobierno
del Estado revisar cuidadosamente su política de difusión y de promoción del
estado, “para conocer qué queremos promover y qué mensaje queremos mandar hacia
afuera”.
Aunado al tema, la diputada de
Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, se sumó a las opiniones
vertidas “porque los yucatecos, más que molestos, nos sentimos lastimados y
ofendidos por la banalización de nuestra cultura”.
Por otro lado, la legisladora criticó el
recorte de programas federales que no se contemplan en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para 2021, en materia de investigación, ciencia,
cultura, cine, entre otros; además que se reducirán los recursos del Fondo
Nacional de Desastres y desaparecerán 282 fideicomisos.
“Antes teníamos estancias infantiles,
medicamentos, comedores comunitarios, 300 clínicas urbanas, la construcción de
un aeropuerto de primera, gasolina, y eran corruptos y se robaban todo, y ahora
que son tan honrados, no tenemos nada de eso”, enfatizó.
Sobre este tema, el diputado de Nueva
Alianza, Luis Aguilar Castillo, señaló que el programa de escuelas de tiempo completo
tampoco está contemplado en el PEF del próximo año, que afectaría a 4,659
trabajadores de la educación en Yucatán, por lo que pidió a los diputados
federales trabajar para que se asigne este recurso.
La coordinadora de la fracción de
Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié presentó una iniciativa para
reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, para que él
o la presidente de la Mesa Directiva rinda un informe de actividades
legislativas en la primera quincena de junio, que deberá estar a disposición de
la ciudadanía a través de la Gaceta Parlamentaria.
“Debe contener cuantitativa y
cualitativa, las leyes de nueva creación, reformas, adiciones, decretos
aprobados, iniciativas aprobadas y pendientes, actividades realizadas de las
Comisiones, actividades realizadas por la Diputación Permanente, actividades
realizados en coordinación con el Poder Ejecutivo y con los Ayuntamientos,
designación o ratificación de servidores públicos, puntos de acuerdo, premios y
reconocimientos otorgados, así como mensajes emitidos por un representante de
cada fracción legislativa”, detalló.
En su turno, el diputado del PRI, Marco
Rodríguez Ruz, presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de la Ley
para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, respecto
al trato especial hacia este sector vulnerable en el desarrollo de sus
funciones para contemplar el máximo de horas laborables en horario diurno,
evitando que presten trabajos en el horario nocturno y en la jornada mixta, así
como permisos para acudir a sus terapias entre otros derechos económicos.
En otros temas, el coordinador de la
fracción de Morena, Miguel Candila Noh, manifestó que el Convenio de Conflicto
Limítrofe entre Mérida y Progreso, no tiene los requisitos necesarios para que
se apruebe, porque se trata de 1,200 hectáreas de la capital yucateca al
principal puerto del estado.
En respuesta, la coordinadora de la
fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, le pidió al diputado que respete
los procesos legislativos, porque dicho convenio aún se analiza en la comisión
de Puntos Constitucionales y Gobernación, al igual que se debe respetar la
autonomía municipal.
Su compañero de bancada, Víctor Sánchez
Roca, agregó que para este tema no hay ningún interés económico, porque el
hecho de ceder los terrenos no quiere decir que el municipio será el dueño de
los mismos, porque son terrenos ejidales que tienen propietarios.
El coordinador de la fracción del PRI,
Felipe Cervera Hernández, reiteró respetar el proceso legislativo, porque el
tema no está a discusión y si alguien tiene pruebas de un acto indebido hay que
presentarlas a la Comisión.
En la Plenaria, se turnó a la comisión
de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa por el que se reforman y
adicionan disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los
Adultos Mayores y adicionar disposiciones al Código Penal del estado, signada
por MC.
Así como la iniciativa por el que se
reforma el título sexto, capitulo único y el título vigésimo tercero, capítulo
único del Código Penal del estado, signada por Víctor Sánchez; además de la
iniciativa por el que se adiciona un párrafo, se reforma una fracción y se
adicionan diversas fracciones al Código Penal del estado, en materia de
tentativa de feminicidio, suscrita por Kathia Bolio Pinelo (PAN).
A la comisión de Salud y Seguridad
Social, se envió la iniciativa por el que se reforma la Ley de los Trabajadores
al Servicio del estado y Municipios de Yucatán, en materia de permiso por
paternidad, signada por la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar.
A la comisión de Puntos Constitucionales
y Gobernación, la iniciativa por el que se reforma la Ley de Gobierno del Poder
Legislativo y su Reglamento, signada por la fracción del PRI; y a la comisión
de Derechos Humanos, la iniciativa para crear la Ley para la Protección, Apoyo
y Promoción a la Lactancia Materna, suscrita por la diputada de Morena, Fátima
Perera Salazar.
En otros temas, se instruyó distribuir a
los 25 diputados los oficios suscritos por el Subprocurador Fiscal Federal de
Asuntos Financieros, Hugo Gutiérrez Hernández Rojas, y por el titular de la
unidad de enlace de la Subsecretaría de Gobierno Federal, Jesús Saldaña
Hernández.
Lo anterior, en respuesta al acuerdo
aprobado por la LXII Legislatura, para exhortar a la Secretaría de Salud y de
Hacienda Federal, así como al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo
reformas, adiciones y asigne el presupuesto necesario para que todo el personal
médico, de enfermería, de intendencia que sea contratado de manera temporal
específicamente para enfrentar esta Pandemia y al personal de residentes
médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo esta
enfermedad y concluyan su residencia se les garantice una base laboral de
manera definitiva y otorgándose de forma gradual en el sistema de salud,
respetando los escalafones establecidos en las diferentes instituciones.
Así como otro oficio del titular de la
unidad de enlace de la Subsecretaría de Gobierno Federal, referente a la
respuesta al acuerdo, también avalado por esta soberanía, para exhortar
respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al
titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, para que realicen, en la medida
de sus atribuciones, todas las acciones necesarias para garantizar el
abastecimiento de medicamentos, pruebas de diagnóstico del Covid-19, equipo de
hospital, material necesario y suficiente para doctoras y doctores, enfermeras
y enfermeros y todo el personal en general que labora en hospitales públicos e
Institutos de salud de Yucatán.
De la misma manera, el oficio signado
por la Secretaria de Educación de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo, en respuesta
al acuerdo aprobado por la LXII Legislatura, para que el Congreso de Yucatán
exhorte al Gobierno del Estado, para que se realicen las gestiones necesarias y
se retome en el estado, el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la
Información, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del estado, que consiste
en dotar de equipos de cómputo a maestros y maestras; a niñas, niños y
adolescentes de educación básica, de manera gratuita, para elevar sus
competencias pedagógicas y favorecer el uso virtuoso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), plataformas virtuales, redes sociales e
internet, incluyendo las medidas de protección de datos.
También, se dieron a conocer oficios de
los Ayuntamientos de Teabo, Suma, Cenotillo y Tizimín, los cuales remiten su
segundo informe de gobierno municipal 2018-2021; y la diputada de Morena,
Leticia Euán Mis, recordó el 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, en
ciudad de México.
Para finalizar, se convocó a la
siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 7 de octubre del presente año a
las 11 de la mañana.
Denuncias
Previamente en la comisión de Vigilancia
de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, el titular de la Unidad
de Vigilancia y Evaluación de la ASEY, Jonathan Ramírez García, brindó un
informe de la situación que guardan las denuncias por presuntas irregularidades
en los municipios de Chichimilá y Tinum.
García Ramírez, informó que al municipio
de Chichimilá, se le ha notificado la orden de visita domiciliaria con la que
se le requirió información, sin embargo, por el incumplimiento de su atención
se le han interpuesto dos multas con una cantidad de $26,064 m.n., con corte al
3 de septiembre del presente año.
En el caso de Tinum, continuó, se le ha
notificado la orden de visita domiciliaria con la que se le requirió
información, sin embargo, a la fecha no se ha recibido documentación por parte
del municipio, lo que, de seguir así, la ASEY iniciará el proceso de imposición
de multas por incumplimiento en la atención de la solicitud.
El titular de dicha Unidad también
detalló el Calendario de fechas en el que se identifiquen los plazos de
entregan de los diversos informes que debe presentar la ASEY a esta Comisión
Permanente, así como el seguimiento a la atención de las recomendaciones
generadas por esta Unidad, con corte al mes de agosto de 2020.
En otro punto, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el dictamen de reformas a diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estados, signada por María Moisés Escalante (PRI).


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