Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2020
En sesión ordinaria, las siete fuerzas políticas aprobaron por
unanimidad la solicitud del Gobernador del Estado para la ampliación de plazo,
hasta por 30 días naturales, para la presentación de la cuenta pública, que
tiene como límite el 30 de abril, así como el avance de gestión financiera y de
desempeño, ambas del primer trimestre de 2020.
Sobre el tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que se debe
hacer un llamado al Ejecutivo estatal para hacer extensiva esta ampliación para
los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y descentralizados, al
igual que a los 106 municipios del estado, porque el Gobierno del Estado es el
único facultado para solicitarlo como lo establece el artículo 30 de la Constitución
Política de Yucatán.
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad, el punto de
Acuerdo presentado por Enrique Castillo Ruz (PRI), para que el Congreso del
Estado prorrogue los plazos de presentación de la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2019, a las entidades fiscalizadas contempladas en la Ley de
Fiscalización de la Cuenta Pública y la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado, del 30 de abril de 2020, a más tardar el día 31 de
mayo próximo, como parte de las medidas preventivas de la emergencia sanitaria
del covid-19.
Por mayoría, con 17 votos a favor y 4 en contra, el punto de
Acuerdo presentado por Marcos Rodríguez Ruz (PRI), para que el Congreso del
Estado, en plena observancia a la división de poderes, solicita respetuosamente
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a la brevedad posible, se
sirva enviar a esta Soberanía el listado definitivo que contenga los nombres de
las personas beneficiarias que cumplieron con los requisitos establecidos en el
Programa Seguro de Desempleo, en medio digital.
También, en el que sea posible separar e identificar por municipio
a las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos del citado programa y
que recibirán un recurso económico durante la contingencia sanitaria provocada
por el Covid-19.
Al igual, que se sirva instalar el Comité de seguimiento al
ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos
autorizados en la ampliación presupuestal adicional a las asignaciones
originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, recientemente aprobado por esta
Legislatura.
Al manifestarse en contra, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), indicó
que es lamentable que se esté cuestionando la repartición de despensas casa por
casa porque es la primera vez que se tiene un padrón para ello, además de que
esta Soberanía aprobó las reglas y llegará el momento de auditar estas
acciones.
En su turno, Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano) señaló
que es un punto relevante e importante para los ciudadanos, porque fue este
Congreso el que permitió y puso las condiciones para que se brinde este apoyo,
“es fundamental para que se pongan todas las normas, para que contribuyamos con
nuestro trabajo para depurar un padrón para que se beneficien a los más
necesitados”.
En el mismo sentido, Fátima Perera Salazar (Morena), agregó que
son los mismos ciudadanos los que exigen que este Seguro de Desempleo se le
otorgue a la gente que lo necesita, por lo que pidió al Gobierno estatal que
tenga una buena coordinación con todos los alcaldes, “estamos haciendo nuestra
labor de apoyar a la gente que hoy no tiene nada de comer ni tiene empleo”.
En temas similares, Luis Borjas Romero (PRI) hizo un llamado a los
funcionarios estatales y municipales para que sin distinción alguna se
entreguen estos apoyos, además de que se conforme el Consejo para el
seguimiento de estas acciones y se den a conocer las reglas de operación.
Víctor Sánchez Roca (PAN), dijo que el Ejecutivo estatal tiene 30
días para formar este Consejo, por lo que no ha vencido la fecha para conformar
este cuerpo colegiado; así mismo, informó que el 17 de abril recibió las reglas
de operación y por cuestiones de la contingencia sanitaria, no ha sido
entregada a las y los legisladores, por lo que pedirá a la Secretaría General
apoyo para que se distribuya.
Por otro lado, fue admitido por mayoría para segunda lectura, el
proyecto de acuerdo del diputado, Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza), para
que el Congreso del Estado exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, para que
lleve a cabo las reformas, adiciones y asigne el Presupuesto necesario para que
todo el personal médico, de enfermería y de intendencia, que sea contratado de
manera temporal, específicamente para enfrentar esta pandemia y al personal de
residentes médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo
la enfermedad Covid-19 y concluyan su residencia médica, se les
garantice una base laboral de manera definitiva y se otorgue de
forma gradual en el Sistema de Salud, respetando los escalafones
establecidos en las diferentes instituciones.
En otro punto, se aprobó por mayoría, con 15 votos a favor y 7 en
contra, el punto de Acuerdo presentado por el coordinador de la fracción del
PRI, Felipe Cervera Hernández (PRI), a nombre de las y los legisladores de su
bancada, para solicitar respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo estatal y
a los presidentes municipales, para que en uso de sus facultades y en medida de
sus posibilidades, puedan realizar la contratación y acuerdos con las empresas
de seguridad privada, para que puedan servir como auxiliares en los retenes de
salud establecidos, con la finalidad de apoyar en la reactivación económica de
estas empresas y permitir que las autoridades puedan avocarse a las tareas de
seguridad pública.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), manifestó el voto en
contra de su bancada porque no se cuenta en el Presupuesto de Egresos 2020 con
una partida para ese tipo de contrataciones, además que el empréstito avalado
al Ejecutivo estatal el año pasado ha servido para incrementar la seguridad.
Por otro lado, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las
reformas a diversas disposiciones de la Ley de Educación y al Código de
Administración Pública de Yucatán, para establecer protocolos en los planteles
escolares ante la posible desaparición de estudiantes, en coordinación con la
Secretaría de Educación del Estado.
Entre dichas reformas, destaca que serán los directores escolares
los responsables de dirigir y coordinar los esfuerzos de profesores,
trabajadores sociales, alumnos y padres de familia, así como implementar los
protocolos escolares emitidos por la Secretaría de Educación del Estado
(SEGEY), ante la desaparición o sustracción de estudiantes.
La promovente de la iniciativa, Kathia Bolio Pinelo (PAN),
mencionó que nadie debe arrebatarnos la tranquilidad que se vive en Yucatán,
por lo que también se debe vigilar posteriormente que estos protocolos se
apliquen, porque de lo contrario, las escuelas y su personal estarían
cometiendo una gran infracción, que podría derivar en una multa administrativa
o el retiro de la validez oficial ante la Secretaría de Educación, en el caso
de los centros privados.
Además, los 25 diputados avalaron por unanimidad que se declare el
Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia cada 11 de febrero, para lo
cual el Gobierno del Estado también tendrá que realizar actividades
conmemorativas.
La promovente de la iniciativa, Lila Frías Castillo, invitó al
Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior, celebre y reconozca a las mujeres de ciencia
con acciones que resalten y dignifiquen su aportación a la sociedad, pero
sobretodo incentivarlas para que sigan con la labor que realizan.
“Proporcionándoles en la medida de sus posibilidades las
herramientas necesarias para que puedan desarrollarse y llevar a cabo su labor,
desde una perspectiva de género, con oportunidades acordes para ellas y de esta
manera promover y dejar su legado, pero sobretodo la semilla para muchas nuevas
mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología”, recalcó.
En la misma plenaria, se turnó a la comisión de Justicia y
Seguridad Pública, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del
Notariado y la Ley del Catastro, ambas del Estado, suscrita por la diputada
Kathia Bolio Pinelo (PAN); así como la iniciativa de reformas al Código Penal
del Estado, en materia de lesiones causadas a personal de salud, en caso de
emergencia sanitaria, presentada por el diputado Felipe Cervera Hernández, a nombre
de la fracción del PRI.
Sobre este último punto, Luis Borjas Romero (PRI), explicó que se
crearía el artículo 350-Bis en el Código Penal para que cuando el ofendido
pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud
pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del
ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrán a quien la infiera,
de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de
cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad. Si tardare en sanar
más de quince días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de
cincuenta a quinientos días-multa.
Cuando las conductas señaladas en el presente artículo se cometan
durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público,
las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más.
Desde su curul, Manuel Díaz Suárez (PAN), también presentó una
iniciativa para adicionar el artículo 185 bis, así como reformas al Código
Penal del Estado, para sancionar de 2 a 5 años de prisión a quien realice o
incite a actos de violencia contra el personal médico, que podría aumentar si
se realice en una emergencia sanitaria.
También, se envió a la comisión de Puntos Constitucionales y
Gobernación, la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado,
así como otra para reformar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del
Poder Legislativo y de su Reglamento, ambas en materia de sesiones fuera del
recinto por contingencia, presentadas por el Coordinador de las y los diputados
del PRI, a nombre de sus integrantes.
En este caso, el también presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso local, Felipe Cervera, indicó que estas iniciativas están enfocadas a
poder realizar sesiones fuera del Recinto Legislativo, cuando se presenten
condiciones como la contingencia sanitaria pero garantizando que los diputados
puedan tener acceso a sistemas de cómputo confiable “porque legislar también
implica respetar y garantizar el principio de certeza jurídica”.
Por otro lado, se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio
Estatal y Municipal la iniciativa para reformar la Ley de Ingresos de Sotuta,
Yucatán; así como se dieron a conocer documentos de las Legislaturas de los
estados de Tamaulipas y Zacatecas.
En asuntos generales, Milagros Romero Bastarrachea (MC) alertó que
se registró un incremento de la violencia familiar, ante las medidas de
quedarse en casa y la Ley Seca en Yucatán, por lo que pidió atención sobre el
tema; además, denunció que el Instituto Tecnológico de Mérida pide que alumnos
que no cuenten con infraestructura tecnológica para tener clases virtuales se
den de baja por el momento.
Para finalizar, la Mesa Directiva informó a los 25 diputados que se les notificará sobre la próxima Sesión Ordinaria con 24 horas de anticipación, mediante oficio donde se especificará lugar y hora.
Hola mi nombre es Fernando Lizama Vado, soy el fundador y director general, ademas de periodista, consultor de medios, MKT político, Editorialista y analista Internacional
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