Mérida, Yucatán, 14 de octubre de 2020
La LXII
Legislatura aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y 6 en contra, el Proyecto
de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo de Yucatán, para el ejercicio
fiscal 2021, que plantea un total de $262,342,027, el cual será enviado al
Poder Ejecutivo estatal para su evaluación.
En la sesión
ordinaria de este miércoles, también se aprobó por mayoría los convenios para
la solución de conflictos territoriales intermunicipales entre Mérida y
Progreso, Mérida y Abalá; así como el de Mérida y Tecoh.
La diputada
del PRI, Karla Franco Blanco, señaló que el aval a estos convenios es un hecho
histórico, porque desde hace años se venía aplazando la atención de las zonas
de traslape y las delimitaciones territoriales de los municipios en comento.
“Con determinación,
voluntad política, diálogo y consenso, finalmente el día de hoy seguramente
otorgarán su aval a los tres dictámenes que se pondrán a discusión a fin de
preservar la unidad geográfica, económica y social de los municipios de Mérida,
Progreso, Tecoh y Abalá”.
Por el
contrario, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh,
presentó una moción suspensiva al convenio entre Mérida y Progreso, al alegar
que contenía presuntas ilegalidades el proyecto.
En respuesta,
la coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié,
declaró que el diputado anterior “nos está ofendiendo por el trabajo que
hicimos en la comisión”, ya que es un dictamen minucioso que se analizó en
varias sesiones, donde se nos dieron las cláusulas y los planos de los
convenios.
En el mismo
sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández,
indicó que este tema se ha discutido en varios años y se ha hecho un trabajo
profesional tanto en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación como
ahora en la votación en el pleno de la LXII Legislatura, porque la Ley para la
Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales establece que
la labor del Congreso del Estado, ante este tema, es respetar los acuerdos
tomados por los ayuntamientos respectivos en el convenio.
“Un conflicto
de límites territoriales no es un pleito por límites territoriales; es cuando
hay discrepancias entre dónde son los límites de cada municipio, ese es un
conflicto, que se puede solucionar amistosamente; ¿quiénes lo pueden resolver
amistosamente? Los ayuntamientos. Qué sucede si lo resuelven
amistosamente, que nosotros únicamente debemos dar un visto bueno. Eso es
lo que estaremos haciendo en un momento más, si así lo dispone la mayoría, darle
el visto a un trabajo que ya realizaron dos ayuntamientos de conformidad y que
ahora a nosotros nos corresponde validar dichos acuerdos como lo ordena la
ley”.
Por otro lado,
las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad el dictamen de reformas a
diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado.
La promovente
de la iniciativa, María Moisés Escalante (PRI), mencionó que dichas reformas
establecen la posibilidad de que las autoridades y dependencias de los tres
poderes de gobierno, así como de los ayuntamientos, puedan realizar acuerdos de
colaboración con instituciones, para efecto de auxiliar y atender solicitudes
de rectificación, cancelación u oposición de datos personales.
“Cuando el solicitante
hable alguna lengua indígena, cuestión que atiende al principio de no
discriminación, y procura colocar a los particulares en igualdad de
circunstancias en forma expresa en la norma”, agregó.
En la plenaria
también se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa para
reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, suscrita por
Movimiento Ciudadano; así como la iniciativa que reforma diversos artículos de
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de
la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
propuesta por Marcos Rodríguez Ruz (PRI).
Así mismo, se
envió a la comisión especial de Turismo, la iniciativa para modificar la Ley
para el Fomento y Desarrollo del Turismo del estado, signada por Warnel May
Escobar (PRI); al igual que se dieron a conocer los oficios de los
Ayuntamientos de Cantamayec, Mayapán y Dzoncauich, por los cuales remiten su
segundo informe de gobierno municipal 2018-2021.
En asuntos
generales, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI),
presentó una iniciativa por el cual se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán, con el objeto de
reforzar e impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del
campo.
Haciendo lo
propio, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa
para reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en materia de
parteras tradicionales; mientras que la diputada del PRI, Lila Frías Castillo,
entregó una iniciativa para declarar como Patrimonio Cultural Intangible del
Estado, la fiesta patronal dedicada a San Pedro González Telmo “San Telmo”,
Patrono del municipio de Progreso y de los pescadores.
En temas
similares, la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín, hizo uso de la máxima
tribuna para hacer un atento recordatorio y recalcar que octubre es el mes en
que celebramos dos fechas muy importantes, el día Internacional de la Mujer
Rural y la sensibilización sobre el Cáncer de Mama.
Por otro lado,
la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, manifestó
que no se ha resuelto el problema de las inundaciones en el estado por el paso
de la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, por lo que informó que
presentaron a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura
realizar un análisis de la situación, invitando a expertos en la materia.
“No se está
dimensionando y solo se habla del agua, no de la gente, existe una mala
planificación de los asentamientos humanos porque no se consideraron los
sistemas meteorológicos y la deforestación para construir las casas empeora
esta circunstancia y causa más daños”, agregó.
Sobre el tema,
el diputado Miguel Candila, mencionó que las inundaciones en Mérida no son
casualidades porque son consecuencias de las decisiones de las constructoras,
del gobierno estatal y del municipal.
En respuesta,
la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, recordó que
Yucatán ha sufrido un año atípico con las lluvias, que ha sobrepasado el récord
histórico, pero ahora, con la eliminación del Fondo Nacional de Desastres, a
nivel federal, se complica la situación de los ciudadanos.
Aunado a esto,
la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, expresó que también el manto acuífero
fue rebasado, a causa de las lluvias y el problema no fue originado meramente
por la construcción.
En su
intervención, el diputado de Morena, Luis Loeza Pacheco dijo que en lugar de
calificar o descalificar a las autoridades municipales, estales y federales,
deberían presentar iniciativas de propuestas de prevención y solución a los
sucesos que por experiencia ya pasaron, como la pandemia y tempestades que
cruzaron como Cristóbal, Gamma y Delta.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera, enfatizó que lo que ahora necesitan los ciudadanos son soluciones, sin importar de que gobierno vengan; además, según estudios plasmados en el atlas de riesgos, las zonas inundadas en Mérida son susceptibles a estas consecuencias, por lo que hizo un llamado a las autoridades a revisar cómo se otorgan los permisos de construcción y desarrollo urbano de la capital yucateca.


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