Mérida, Yucatán, 26 de febrero de 2020
Con un llamado a las autoridades para que cese la violencia contra
las féminas en el país y la suma de la LXII Legislatura al movimiento “Un Día
sin Mujeres”, se llevó a cabo el Informe Anual de Actividades de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado (Codhey), correspondiente del primero de enero al
31 diciembre de 2019.
En la sesión ordinaria, donde entregó cuentas el ombudsperson, las
siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad dos proyectos de
dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del
Estado, el primero sobre la difusión de imágenes de cadáveres en medios de
comunicación, y el segundo, para agravar sanciones en materia de abuso sexual.
Al inicio de la plenaria, la presidenta de la Mesa Directiva,
Janice Escobedo Salazar (PRI) informó que la actual Legislatura de la paridad
de género, hizo un acuerdo para sumarse al movimiento “Un Día sin Mujeres”, por
lo que las empleadas del Congreso estatal que quieran participar a este acto el
próximo 9 de marzo, tendrán garantizado su pago correspondiente al día, cuyo
oficio de notificación se giró desde la semana pasada.
De la misma forma, la diputada hizo un llamado a la sociedad en
general a poner un alto a los feminicidios o cualquier otra expresión de
violencia hacia la mujer, “que es una pandemia que urge erradicar”, por lo que
los legisladores tienen el compromiso de hacer todo lo necesario para que,
desde lo local, cambie esta mala conducta que mancha al país.
“Que este sea un llamado a toda la sociedad para que juntos abonemos esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el nueve nadie se mueve”, recalcó.
“Que este sea un llamado a toda la sociedad para que juntos abonemos esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el nueve nadie se mueve”, recalcó.
Haciendo uso de la tribuna, María Moisés Escalante (PRI) también
hizo un llamado para que los diputados federales de la fracción de Morena
reasignen los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas
destinados a la mujer para el ejercicio 2021.
Añadió, que además se hagan las reformas necesarias para que se
homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades del país y para
que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y
mujeres.
Ante la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia;
el presidente de la Codhey, Miguel Oscar Sabido Santana, reiteró el llamado a
las autoridades a investigar las causas que originan estos actos y los delitos
cometidos contra mujeres, en aras de que prevalezca la prevención y se reduzcan
las expresiones extremas de violencia que ponen en riesgo la integridad física
y la vida de muchas mujeres.
Ante autoridades municipales, estatales y federales, el
ombudsperson yucateco expresó que se debe entender que la violencia que se
ejerce en contra de la mujer, el enemigo a vencer no es la violencia en sí
misma, si no las causas estructurales que la motivan, como son: la prevalencia
de estilos de crianza machista, la falta de oportunidades educativas para niñas
y mujeres, la reproducción de estereotipos de género sexistas que denigran a la
mujer, entre otras.
“En la medida que se haga justicia, se castigue a los agresores y
se repare integralmente a las víctimas, podremos garantizar para las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia”, enfatizó.
Por otro lado, Sabido Santana detalló que se emitieron 32
recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), así como a la Fiscalía General del Estado y que 239 servidores públicos
estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través
de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas
definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Agregó, que los hechos violatorios más recurrentes fueron:
prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones;
amenazas; robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o
degradantes; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad;
violación a los derechos de los niños; y retención ilegal.
Así como, continuó, las diez autoridades más señaladas por los
quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública; Ayuntamiento de Kanasín;
Secretaría de Educación; Fiscalía General del Estado; Ayuntamiento de Progreso;
Secretaría de Salud de Yucatán; así como los ayuntamientos de Mérida, Motul,
Muna y Umán.
Así mismo, el titular de la Codhey presentó un diagnóstico de las
condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles públicas de
los 106 municipios de la entidad, donde se observó que el 71% de los municipios
no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de
detención.
En asuntos generales, Silvia López Escoffié (PAN) propuso realizar
un cambio al formato para el Informe Anual de la Codhey, “para que en el estado
se empiecen a respetar los derechos humanos y no se simule, porque podemos
hacer un esfuerzo y trabajar en conjunto para que el próximo año realmente se
informe”, porque no estaba conforme con la presentación del ombudsperson
yucateco.
En el mismo punto, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) dijo que habría
que hacer una revisión de los recursos públicos que se le otorga al organismo,
que en el año en cuestión recibió 36 millones de pesos, que podría ser dirigido
al trabajo coordinado con agrupaciones y asociaciones civiles.
Dictámenes
Con respecto al Código Penal, en particular a la reforma a las
fracciones cuarta, quinta y la adición de la sexta del artículo 231 de la norma
referida, establece entre otras cosas, que quien, de forma maliciosa, revela,
exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet,
medios impresos, electrónicos o cualquier otro, fotografías o videos que
revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos, será sujeto a sanción.
La promovente de la iniciativa, Kathia Bolio Pinelo (PAN)
manifestó que esta mala conducta solo origina morbo en la población y
revictimización a la persona sin vida y a su familia, porque “utilizar esta
clase de fotos es lucrar con el dolor ajeno y fomenta la violencia, a la vista
de cualquier ciudadano, incluso menores de edad”.
Explicó, que el dictamen establece de 3 días a 3 años de prisión y
de 2 a 20 días, multa a quien realice estas acciones y espera que sea un
precedente para que otros estados legislen en la materia y no surjan más casos
que “no son éticos y rebasan las barreras del respeto”.
Sobre el abuso sexual, Luis Borjas Romero (PRI) advirtió que los
datos duros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
son contundentes al ubicar a nuestro país en el primer sitio de abuso sexual
infantil, por lo que dicha problemática social obliga a tomar también medidas
legislativas más severas para salvaguardar el derecho a la sexualidad y
garantizar la máxima protección de las víctimas de delitos sexuales en el
estado.
“Como ustedes pueden observar el objetivo es claro y preciso: en
congruencia con la Carta Magna y los Tratados Internacionales se considera al
abuso sexual en general, la violación y la violación equiparada, como delitos
graves que atentan contra los valores jurídicos tutelados por el Estado
yucateco”, sentenció.
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el número de
regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los
Ayuntamientos, para el próximo proceso electoral que iniciará en 2021, la cual
no tuvo cambios con respecto a los comicios anteriores.
En la máxima tribuna, Karla Franco Blanco (PRI) aclaró que la
comisión de Puntos Constitucionales determinó tomar de base los datos arrojados
por la Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi, para establecer la cantidad de
ediles por municipio, sin que en los últimos cinco años se hayan presentado
modificaciones al respecto.
En otros temas, se declaró aprobada en todos sus términos las
reformas a la Constitución Política del Estado, en materia de inhabilitación
por faltas administrativas y hechos de corrupción, toda vez que los 106
ayuntamientos del estado se manifestaron por la afirmativa a este dictamen, al
obtener 33 constancias de Cabildo de manera positiva, y al cumplirse el plazo,
73 municipios que no atendieron el tema, se les adjudicó la afirma ficta.
En asuntos generales, Luis Aguilar Castillo (NA) presentó una
iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución Política del
Estado, en materia de acoso escolar, con el fin de garantizar que la educación
evite cualquier forma de violencia o actos que humillen a las personas.
En su turno, Warnel May Escobar (PRI) entregó una propuesta para
declarar Patrimonio Cultural del Estado al Convento Franciscano de San Antonio
de Padua, ubicado en Izamal.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 4 de marzo del presente año a las 11 de la mañana.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 4 de marzo del presente año a las 11 de la mañana.
Presupuesto
Previamente, en comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y
Municipal, se distribuyó entre sus integrantes las iniciativas para modificar
la Ley de Hacienda y de Ingresos del Ejecutivo estatal de 2020, para eliminar
el derecho por infraestructura tecnológica en materia de seguridad; así como
otra para reformar la Ley de Ingresos, de este año, del Chicxulub Puerto.
Hola mi nombre es Fernando Lizama Vado, soy el fundador y director general, ademas de periodista, consultor de medios, MKT político, Editorialista y analista Internacional
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