Autoridades
conmemoran el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.
Mérida,
Yucatán, 18 de marzo de 2019
- “El petróleo
es indispensable para la continuación del desarrollo de una sociedad mexicana
justa y democrática”, destacó el juez de primera instancia en materia penal el
Poder Judicial del Estado, Luis Mendoza Casanova, durante la ceremonia
realizada en el marco del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera.
Ante la
titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, quien
acudió a nombre del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el orador representante de
los tres Poderes del Estado sostuvo que la historia no se equivoca, pues “el
petróleo ha sido, es y seguirá siendo, sin duda, en todos los sectores, el
motor que impulsa el crecimiento en las industrias de cualquier índole,
permitiendo un fortalecimiento económico y social, constituyendo una de las
principales riquezas de nuestro país”.
Recordó que
desde los primeros años del siglo XIX se instalaron compañías extranjeras con
amplias concesiones, provenientes principalmente de Gran Bretaña, Holanda y
Estados Unidos, las cuales no estaban debidamente reguladas por el Estado
mexicano, ya que no pagaban los impuestos adecuados y, por el contrario,
presionaban por conductos gubernamentales la eliminación de cualquier
regulación y la exención de impuestos.
La
Constitución Mexicana de 1917, promulgada en Querétaro por Venustiano Carranza,
estableció la restitución de los derechos de propiedad sobre el suelo y
subsuelo relacionados con el petróleo a la nación, párrafo de nuestra ley
máxima que, sin duda, tenía la intención de nulificar las prestaciones
adquiridas por aquellas empresas sobre la riqueza petrolera de México, comentó.
“Con la
promulgación de la Ley reglamentaria del párrafo IV del referido artículo 27
constitucional, se hizo patente que las compañías extranjeras debían renovar
sus concesiones, pagar los impuestos correspondientes y sujetarse a las leyes
mexicanas”, manifestó en el busto del ex presidente Lázaro Cárdenas del Rio,
ubicado al oriente de la ciudad.
Fue entonces
que el 18 de marzo de 1938, apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión, el entonces presidente Lázaro
Cárdenas dio a conocer el decreto de expropiación de todos y cada uno de los
bienes muebles e inmuebles que pertenecían a 17 compañías extranjeras que
operaban en México, expuso.
A partir del
decreto, añadió, estas concesiones quedaron sin efecto y su operación fue
cancelada y al amanecer del 19 de marzo de 1938, las y los trabajadores
petroleros tomaron posesión de las instalaciones de dichas empresas. El pueblo
mexicano apoyó la expropiación y de acuerdo a sus capacidades económicas,
algunos aportaron recursos para el pago de las indemnizaciones, constituyéndose
el Fondo de Cooperación Nacional.
“La
expropiación fue por causa de utilidad pública, implicando el dominio absoluto
del Estado Mexicano sobre todos los bienes petroleros en el territorio
nacional, en aras de impedir una grave crisis en la necesidad colectiva del
pueblo mexicano de poder aprovechar los yacimientos petrolíferos a favor de la
Nación”, aseveró.

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