La suspensión
no representa afectación para los usuarios, pues no se prestaba el servicio
Mérida,
Yucatán, 28 de enero de 2019
- El Gobierno
del Estado revocó 593 concesiones de taxis y de 6 rutas de transporte urbano
que no cumplían con la Ley estatal en la materia y que no prestaban el servicio
autorizado a la población, por lo que la suspensión no representa ninguna
afectación para los usuarios.
La titular de
la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra y el director de la
Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), Aref Karam Espósitos, informaron
que las 593 concesiones de taxis cesadas fueron otorgadas durante la
administración pasada, mientras que de las 6 rutas de transporte 4 son de vans
y 2 de autobuses.
Acompañado del
Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, el director de la Comey señaló
que esta decisión está sustentada en el artículo 44 fracción II de la Ley de
Transporte del Estado y también hace valer los derechos de los ciudadanos en
materia de movilidad estipulados en los artículos 74 y 77 de dicha
normatividad.
Desde el Salón
de la Historia de Palacio de Gobierno, Karam Espósitos reiteró en que esta
medida no afectará a los usuarios del transporte público, ya que la aplicación
de dichas disposiciones legales busca hacer valer el Estado de Derecho para
ofrecer a los ciudadanos un servicio seguro, regular, general y eficaz.
El titular de
la Comey señaló que, además, todas las concesiones de taxis involucradas
incumplen con lo dispuesto en el artículo 35 fracción VIII de la Ley de
Transporte del Estado, así como con las Condiciones Generales de Operación.
Esto significa
que los concesionarios de taxis no se presentaron dentro del término de 10 días
hábiles para realizar la inspección de sus vehículos ante la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), a fin de acreditar que cumplían con los requisitos
para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de
Transporte del Estado, explicó el funcionario.
Tampoco
gestionaron ni obtuvieron las placas de circulación específicas del servicio
público de transporte de pasajeros en un plazo máximo de 30 días. Aunado a lo
anterior, se encontraron otras irregularidades, como la falta al artículo 54,
ya que no gestionaron ni obtuvieron el certificado de capacidad, dimensiones y
medidas que establece dicho estatuto, abundó.
Respecto a la
revocación de las 6 rutas de transporte urbano, Karam Espósito dio a conocer
que, durante la revisión y actualización del registro de vehículos de
transporte, así como del padrón de concesiones, permisos, constancia y
certificados se encontró que las involucradas tampoco ofrecían el servicio que
se les autorizó.
En ese marco,
el funcionario remarcó que los permisionarios involucrados no prestan el
servicio de transporte público de pasajeros bajo las premisas de generalidad,
regularidad, seguridad y eficiencia, tal y como lo señala el artículo 3 de la
Ley de Transporte estatal, lo cual no salvaguarda el derecho que poseen los
usuarios y que se establecen en los artículos 74 y 77 de la misma Ley.
Además, las
empresas transportistas involucradas tampoco cumplieron con la obligación
establecida en el artículo 35 fracción XI, que los ordena informar al Gobierno
estatal el fin de sus operaciones en las rutas o zonas otorgadas, aseveró.
El Gobierno del
Estado verificará que todos los concesionarios de transporte público cumplan
con sus funciones. En el marco de la Ley mantendrá una permanente vigilancia
para evitar que se repitan los supuestos que dieron pie a estas revocaciones,
concluyó.
A su vez, Fritz
Sierra recordó que la administración estatal, encabezada por el Gobernador
Mauricio Vila Dosal, cree con firmeza que el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la aplicación de la ley con el fin de generar condiciones
indispensables para la atracción de inversiones, desarrollo económico y para la
creación de nuevos empleos y empleos, también, mejor pagados.

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